Análisis de las propuestas extraídas del plan de gobierno y declaraciones públicas.
Viabilidad promedio de las propuestas por tema.
Mostrando 12 de 351 propuestas
Esta promesa aún no ha sido verificada.
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SENACE ya existe como organismo descentralizado desde 2015. El apoyo implica fortalecer capacidades institucionales, recursos y autonomía operativa. Es viable mediante presupuesto adicional y reformas administrativas. Requiere coordinación con el Ministerio del Ambiente pero tiene precedentes de implementación exitosa.
El Perú ya es signatario del Acuerdo de París (2015) y ha ratificado compromisos climáticos internacionales. Brindar 'pleno respaldo' es viable administrativamente, pues implica mantener y fortalecer políticas existentes sin requerir cambios legislativos mayores. Sin embargo, enfrenta desafíos en implementación: conflicto entre objetivos climáticos y actividades extractivas (minería, petróleo), limitaciones presupuestales y capacidad institucional débil. La promesa es realista en intención pero su ejecución plena depende de recursos y voluntad política sostenida.
La promesa es ambiciosa pero presenta desafíos significativos. Aunque el Perú tiene potencial en mercados de carbono y negociación de deuda, requiere: (1) institucionalidad robusta para monitoreo de emisiones, (2) acuerdos multilaterales complejos, (3) capacidad técnica especializada limitada en el país. Los mercados de carbono existen pero su escalabilidad para canje de deuda es incierta. Factible como iniciativa piloto, pero difícil de implementar integralmente en el corto plazo.
La promesa es técnicamente ejecutable. El Perú cuenta con instituciones como el MINAM, INGEMMET y universidades capaces de liderar inventarios de recursos naturales. Existen precedentes de proyectos similares (e.g., inventarios de biodiversidad). Las limitaciones son presupuestarias y de coordinación interinstitucional, pero no son obstáculos insuperables. La participación internacional es factible mediante convenios. Requiere voluntad política y financiamiento sostenido.
La modificación del Código Penal es competencia del Congreso, donde Olivera tiene experiencia legislativa. El sistema de acumulación de penas en delitos graves existe parcialmente en Perú (corrupción) y expandirlo a violación de menores y trata es jurídicamente viable y consensuado socialmente. Sin embargo, requiere consenso parlamentario y enfrentaría debates sobre proporcionalidad penal. La principal limitación es la necesidad de mayoría legislativa, no solo voluntad ejecutiva.
La propuesta requiere reforma constitucional ya que el artículo 41 de la Constitución establece prescripción para todos los delitos. Aunque algunos delitos mencionados (terrorismo, lesa humanidad) ya tienen tratamiento especial, la modificación constitucional necesita mayoría calificada en dos legislaturas consecutivas, proceso complejo que típicamente excede un período presidencial. Existe precedente parcial con la Ley 30077 sobre crimen organizado, pero la imprescriptibilidad total enfrentaría resistencia jurídica por principios de seguridad jurídica y debido proceso.
La promesa es técnicamente ejecutable mediante reformas legales al código procesal penal. El Perú ya tiene mecanismos de colaboración eficaz (Ley 30077). Ampliar facultades de fiscalía y procuradores requiere modificaciones legislativas viables, aunque enfrentaría resistencia política y requeriría consenso parlamentario. La experiencia comparada (Colombia, Chile) muestra factibilidad, pero la debilidad institucional peruana limita su implementación completa.
La promesa es viable técnicamente. Perú ya tiene antecedentes de agravantes por condición de servidor público en delitos de corrupción. Se requeriría modificar códigos penales para expandir esta aplicación, lo cual es legislativamente factible. Sin embargo, enfrenta desafíos políticos por resistencia de sectores público y castrense, y riesgos de implementación inconsistente.
Esta promesa aún no ha sido verificada.
La promesa es parcialmente viable. Perú ya tiene antecedentes de trabajos comunitarios como penas alternativas (ley 27770), pero ampliar esto a construcción de carreteras requeriría: reforma legal sustancial, infraestructura penitenciaria, coordinación interinstitucional (MTC-INPE), y supervisión de seguridad. Los desafíos principales son costos de implementación, gestión logística compleja, y riesgos de corrupción. Es teóricamente posible pero demanda recursos y voluntad política sostenida.
Viabilidad promedio de las propuestas por tema.
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